Los proyectos y leyes que han ayudado a la población migrante en Colombia

Durante el período 2018-2022, el Congreso de Colombia demostró que puede adelantar proyectos para gestionar el desafío migratorio en el país. Hay algunos que quedaron pendientes y deberán debatir los próximos congresistas.

Entre 2018 y 2022, el Congreso colombiano recibió una crisis migratoria proveniente de Venezuela que, a través de la legislación, convirtió en un fenómeno con capacidad de ser gestionado. Estas son las leyes y los proyectos de ley más destacadas en la materia emitidos durante dicho período.

Ley de Apatridia (Ley 1997 del 16 de septiembre de 2019)

Es la ley por la que se establece un régimen especial y excepcional para prevenir la apatridia adquiriendo la nacionalidad colombiana por nacimiento exclusivamente para hijos e hijas de venezolanos migrantes o solicitantes de refugio que hubiesen nacido en Colombia desde el 1° de enero de 2015 y hasta dos años posteriores a la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta 2021. Con la Resolución 8617 del 19 de agosto de 2021, la Registraduría Nacional prorroga la medida por dos años con posibilidad de extensión automática, dado caso que continúe la situación de riesgo de apatridia para niños y niñas venezolanos.

La Ley de Apatridia y, ante todo, su prórroga son sumamente pertinentes. En 2022 se han cumplido tres años de interrupción de las relaciones diplomáticas y consulares entre Colombia y Venezuela, lo que imposibilita que padres venezolanos registren a sus hijos en alguna oficina consular de Venezuela en Colombia para concederles la nacionalidad venezolana. De igual forma, la Constitución Política exige que, para acceder a la nacionalidad colombiana, alguno de los padres del niño o niña debe estar domiciliado en el país al momento del nacimiento de su hijo, lo que en muchos casos es difícil de certificar, especialmente para migrantes en situación de irregularidad. De esta manera, los niños y las niñas nacidos en Colombia hijos de venezolanos pueden quedar sin ninguna de las dos nacionalidades.

La continuación de las medidas contra la apatridia es eficaz, dado que las circunstancias migratorias y de las relaciones consulares colombo-venezolanas no han cambiado ni la imposibilidad para niños y niñas de adquirir la nacionalidad venezolana de sus padres. Además, la obtención de la nacionalidad es primordial para garantizar los derechos fundamentales de los niños y las niñas provenientes de Venezuela.

La Ley de Apatridia fue autoría de la Defensoría del Pueblo con Carlos Negret a la cabeza, buscando que más de 25 mil niños y niñas de padres venezolanos obtuviesen plenos derechos como colombianos, teniendo en cuenta el riesgo de desprotección explicado anteriormente. Dentro del trámite en Senado, la ley fue repartida a la Comisión Segunda (o de Relaciones Internacionales), para luego ser debatida por Jaime Durán, senador que repite en este cuatrienio. En Cámara, el ponente fue el representante por Antioquia Germán Blanco, ahora senador.

Según cifras de la Registraduría, entre enero de 2015 y marzo de 2021, 52.693 niños y niñas en riesgo de apatridia fueron beneficiados por la Ley de Apatridia y la regulación que se desprende de esta.

Ley de Fronteras (Ley 2135 del 4 de agosto de 2021)

Fue autoría del entonces Canciller Carlos Holmes Trujillo, los senadores Juan Carlos García (cuyo bastión político está en Norte de Santander), John Hárold Suárez (que no fue reelecto en este Congreso), Bérner León Zambrano (reelecto y con bastión en Nariño) y 15 representantes a la Cámara, incluidos algunos de los departamentos fronterizos. De hecho, en la Cámara surgió el proyecto de ley y se presentó el 12 de septiembre de 2019 al Senado. Allí, en junio de 2020, se aprobó en primer y segundo debates. Un año después, en junio de 2021, se tramitó en Cámara para ser sancionado el 4 de agosto.

Con la Ley de Fronteras se propuso fomentar el desarrollo integral de regiones, departamentos, municipios y áreas no municipalizadas de frontera por medio de la articulación entre entidades nacionales y territoriales. Propende por la integración de las zonas fronterizas y su conexión tanto con el interior del país -una deuda histórica- como con las áreas de frontera de los países vecinos. Es decir, la ley impulsa la endogeneidad preexistente entre regiones de lado y lado de frontera, como Norte de Santander y Táchira (Venezuela) o entre Nariño y Esmeraldas (Ecuador).

La ley tiene algunos elementos interesantes. Establece que el Gobierno Nacional debe decretar normativas específicas para garantizar los derechos de los grupos étnicos fronterizos. Especialmente, en los últimos años, ha aumentado la migración forzada de pueblos indígenas desde Venezuela por la crisis interna o por los grupos armados transfronterizos, exacerbando previas condiciones de vida deficientes a causa de la escasez que se vive en regiones binacionales como las de La Guajira, Arauca, Amazonas, Chocó, etc. La atención gubernamental a estas poblaciones ha sido dirigida desde la ayuda humanitaria o la satisfacción de primeras necesidades, por lo que resta mucho por hacer en materia de políticas públicas de largo alcance que propendan por reducir la desigualdad económica, educativa y social de los grupos étnicos de frontera.

Por otro lado, la ley estipula que en municipios de frontera, el Ministerio de Minas y Energía será el encargado de distribuir combustibles líquidos derivados del petróleo y de biocombustibles para ser parte de un régimen de comercialización especial. Es una iniciativa para fomentar la legalidad en la distribución de combustibles, reconociendo el contrabando creciente en la frontera colombo-venezolana por el que se compra gasolina en Venezuela por su bajo precio para venderse en el interior de Colombia sin pagar impuestos.

La Ley 2135 impulsa también el fortalecimiento institucional para la integración fronteriza e invita a los municipios a crear sus propios lineamientos para el desarrollo en coordinación con el Gobierno Nacional, así como a construir esquemas de asociatividad fronteriza para ejecutar proyectos de desarrollo social, económico, cultural y ambiental.

Sin embargo, es importante aclarar que esta ley todavía no ha sido reglamentada para aterrizar a los territorios todo lo que plantea. Además, el restablecimiento de relaciones con Venezuela, que ha anunciado el presidente electo, Gustavo Petro, debe comprender acuerdos consonantes con la normativa planteada en la Ley de Fronteras y, sobre todo, que atestigüen el desarrollo económico y comercial de las zonas de frontera, así como el aprovechamiento de los diferentes flujos de migración pendular que allí se generan.

Política Integral Migratoria (PIM) (Ley 2136 del 4 de agosto de 2021)

La Política Integral Migratoria (PIM) es la ley que establece las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano. Algunos de sus objetivos son propender por una migración segura, ordenada y regular, promover la integración a través del aporte de los migrantes, generar alianzas nacionales e intermunicipales para la gobernanza migratoria, fortalecer los sistemas de información para robustecer la PIM, caracterizar a los emigrantes, retornados e inmigrantes, entre otros.

La PIM da definiciones precisas sobre lo que el Estado colombiano entiende por refugiado, salvoconducto, apátrida, deportación, tipos de migración, entre otros conceptos importantes para el país como receptor de migración con vocación de permanencia, migración pendular y migración en tránsito, y como expulsor de migrantes. De igual forma, se estipula a la Cancillería como entidad responsable de formular la PIM y a Migración Colombia como su principal ejecutor.